Fabián Salvioli: "Seguridad y Derechos Humanos: una relación indisoluble"

Seguridad y derechos humanos: una relación indisoluble

 

 

Fabián Salvioli

Director del Instituto de Derechos Humanos

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

            Los contextos políticos y sociales internacionales, regionales y nacionales han llevado en los últimos años al ascenso de un discurso en el cual los conceptos de seguridad y derechos humanos aparecen como contrapuestos. En América Latina ello adquiere un ribete curioso – por decirlo menos -, si se considera que la época de mayor inseguridad en la región fue aquella caracterizada por masivas y sistemática violaciones de  derechos humanos; la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales generaban el más alto grado posible de inseguridad: inseguridad en torno a los derechos a la vida y la libertad, inseguridad física y psíquica, inseguridad jurídica, inseguridad para ejercer la libertad de pensamiento y expresión.

            Resulta entonces paradójico que la seguridad se utilice como la excusa de moda para vulnerar  o disminuir los estándares alcanzados en materia de derechos humanos. Ello se debe a la adopción de un concepto de seguridad erróneo, que se fundamenta en la necesidad de aumentar la  represión frente a los “enemigos de la sociedad” ya sea internacional o local. Sin embargo, abordar los problemas de seguridad de esta manera, sólo servirá para aumentar el negocio económico en torno a la cuestión, con nula eficacia en cuanto a su resultado.

            La seguridad es, y debe ser abordada como un tema de derechos humanos.

            Cabe consignar que la seguridad es considerada un derecho humano. En efecto, desde la propia adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se indicó que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. (Art. 3)

            Para desarrollar el derecho humano a la seguridad, se requiere la elaboración de un concepto mas amplio que incluya toda la sociedad y no solamente a las clases medias o altas o a los países más poderosos: ¿no hay problemas de seguridad dentro de los barrios y lugares más carenciados?, ¿son más seguros los países con alto índice de pobreza e inequidad social que los más fuertes económicamente?

            La lucha contra la violación al derecho humano a la seguridad necesita estudios más complejos y menos demagógicos, y acciones más efectivas e inteligentes: militarizar la seguridad interior puede desencadenar nuevas épocas de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos.

            Enfrentar eficazmente el delito sólo será posible con cuerpos de seguridad capacitados profesionalmente en la tarea y en el cumplimiento de la misma en el respeto a los derechos humanos, integrados por personas éticas y democráticas, desde la máxima jerarquía y en todos los niveles. Ello se tiene que complementar con poderes judiciales igualmente eficaces y formados. Son medidas valiosas, imperiosas e importantes; pero ello no traerá necesariamente más seguridad. El efecto disuasivo de estas políticas es muy escaso.

            Las sociedades más seguras son aquellas donde hay menos pobreza y se distribuye la riqueza de manera más equitativa; las que brindan a toda la población educación, salud, servicios básicos, las que tienen menor índice de desempleo, las que poseen estrictos mecanismos de control hacia los poderes del Estado, y finalmente las que no permiten la corrupción y la impunidad. Ello hace al cumplimiento del conjunto de derechos que se encuentran en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

            Si queremos seguridad, la fórmula más efectiva parece ser la que menos se ensaya en los planos internacional y local: respetar y garantizar los derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales a todas las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados. Alguna vez habría que intentarlo.